El caso era el siguiente, explicado con sus palabras:

… en Inglaterra detuvieron a un joven que usó sin autorización la red Wi-Fi de su vecino. El dueño de la conexión tenía sospechas y lo denunció. La policía llegó a la casa del joven y lo interrogó por varias horas. Diez días después le enviaron una carta diciendo que no se tomarían acciones legales en su contra. El padre del muchacho dijo que haría un reclamo formal acusando a las autoridades de detención ilegal…

Y las preguntas estaban orientadas a sobre qué pasaría si una situación similar ocurría en nuestro país, si se cometía un delito o no, si era un “robo” y si se podían llevar detenido a alguien por esto, si era equivalente a “colgarse” del tendido eléctrico, etc.

Y la respuesta para mis escasos pero muy distinguidos e inteligentes lectores (salvo los que me llaman para insultarme) es la siguiente: en Chile no existe el delito de hurto de servicios de telecomunicaciones.

Por ende, si se detuviera por la policía a una persona bajo la acusación de usar una conexión a la que hipotéticamente no tiene derecho, caeríamos en una actuación ilegal de la autoridad pública, porque no hay figura penal que expresamente permita configurar como delito el hurto de Wi-Fi (o de Wimax o de la tecnología de comunicaciones que se les ocurra) y, por lo tanto, no hay sanciones ni responsabilidades legales.

Por supuesto, como todos ustedes saben, nadie está obligado a abrir o cerrar sus redes inalámbricas, y el tomar una u otra opción es un hecho totalmente voluntario coexistiendo una variada gama de estrategias que van desde los que tiene sus redes abiertas con miras a beneficiar con acceso a Internet a toda la humanidad, pasando por los que dan acceso a ella a cambio de una remuneración (la muy recomendable La Fonera, por ejemplo),  hasta llegar a los que no comparten absolutamente nada.

Y para los que tratan de ver hasta debajo del agua e imaginan que alguien se instala al lado fuera de su casa para bajar pornografía infantil a través de su red, hay que recordarles que aun cuando se cometiera un delito a través de, por ejemplo, una red Wi-Fi ajena, no por ello la responsabilidad deja de ser personal del o de los delincuentes y de ninguna manera puede trasladarse al titular de la red que no hubiere tenido participación en los hechos.

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Hoy he visto un espectáculo triste e indigno.

Un anciano profesor de mi Facultad, tratando de pasar desapercibido, caminaba lenta y trabajosamente, apoyándose en las paredes para no caer.

Si alguien se le acercaba apartaba con cautela la mano de la pared, sonreía y saludaba, para luego continuar su penosa marcha, cuando creía no ser visto.

Estuvo en eso mucho rato, y de cuando en cuando miraba con expresión desesperanzada hacia la puerta de la Facultad, como si estuviera aun muy lejos.

De pronto apareció un alumno suyo, quien le formula una pregunta sobre los contenidos de clases.

El docente le sonríe, y en un gesto de aparente confianza y cordialidad se aferra al hombro del estudiante y le dice que el también se va yendo, asi que mejor van conversando juntos hasta la salida.
Y sigue hablando con el estudiante con entusiasmo, pero sin soltarle el hombro en ningún momento.

El viejo profesor ha encontrado  a alguien en quien apoyarse, una especie de bastón o muleta, y junto a él traspasa el umbral hasta llegar a la calle.

Luego, da por finalizada la conversación y le hace un gesto a un taxi, al cual se lanza de cabeza para luego desaparecer entre el tránsito vehicular.

¿Por qué un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, maestro de generaciones de estudiantes (algunos de ellos Presidentes de la República, Ministros y altos dignatarios del Estado), ha llegado a este extremo tan frágil y penoso?.

Porque no puede jubilarse.

Porque su sueldo base es tan escuálido (otra cosa son las asignaciones especiales) que con lo que ahorró en el sistema previsional lo único que tiene garantizado es una sobrevivencia en condiciones miserables.

Entonces, arrastra consigo la tragedia de tener que hacer clases hasta el día que caiga muerto.

Poco importa si sus habilidades intelectuales y cognitivas se han deteriorado con el paso del tiempo o que el dolor le haga estremecerse cada vez que da un paso: tiene que impartir clases porque es la única forma de asegurarse un sueldo que, irónicamente, le permita sobrellevar su vejez.

Peor aún, la situación del profesor en comento no es para nada excepcional: hay todo un rango etario de académicos de la Universidad de Chile que se encuentra en la misma indigna posición.

Sería muy triste si al final de mis días, conociendo esta experiencia, la vida me encuentra en ese lugar.

Se señala en diarios que VTR es el primer ISP en América Latina en implementar este sistema, y ello es lógico: los demás proveedores de acceso pueden tener bastante más claro que las censuras son atentatorias a los derechos de información y a la libertad de la expresión y que, por ende, escapan con largueza a sus atribuciones.

Sólo a los tribunales de justicia les corresponde calificar la ilicitud de contenidos, conociendo de casos concretos y en virtud de norma expresa, y dictar las medidas que sean procedentes para su supresión, por lo que la autoridad administrativa no puede, y menos aun los particulares como la empresa VTR, arrogarse las atribuciones judiciales de restringir los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas.

Los que visitan páginas con contenidos ilícitos son personalmente responsables por ello; VTR no puede constituirse en garante de lo que ven o visitan sus usuarios, pues cuando las leyes quieren darle a alguien esa posición lo dicen expresa e inequívocamente, y este NO ES el caso, por lo que la decisión de este ISP contraría los derechos fundamentales de las personas.

No es difícil imaginar lo que viene: en nombre de la seguridad los proveedores de acceso a Internet impedirán el acceso a sitios sobre pueblos originarios, tan livianamente calificados como terroristas por la autoridad pública, o a los estudiantes secundarios por sediciosos, o a manifestantes por vulnerar el orden, etc.

No digo que VTR y el Ministerio del Interior en este caso no sean bien intencionados, pero de buenas intenciones, dice el saber popular, está empedrado el infierno.

Y también las libertades públicas en Chile.

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Fuentes consultadas el 3 de octubre de 2008:

- La Tercera

- La Segunda

- El Mercurio

Desde hace mucho tiempo los bancos andan tras esa información, no porque la necesiten para el giro ordinario de las transacciones, sino porque les abre oportunidades de modelamiento de nuevos negocios.

No crean tampoco que la quieren para minimizar sus riesgos de pérdida dado que, como ustedes saben, siempre toman garantías bastante superiores a los montos de los créditos que extienden.

Ahora, el planteamiento del Ministerio de Hacienda es encantadoramente ingenuo (o perverso, si fueramos… bien pensados) y peligroso para los derechos ciudadanos, tal como lo ha sido DICOM y su negativo impacto en el mercado del trabajo y de la seguridad social.

Propugnan que sólo la expresa voluntad de la persona podrá autorizar la venta que se hace de su información sobre deudas con pagos al día y agregan, con neolenguaje de Orwell, que este poder de decisión “beneficia a las personas” (cuando en realidad es todo lo contrario y está pensado en el beneficio de las entidades financieras).

La trampa es tan obvia que hay que descartar la ingenuidad: cualquier banco o similar, con medio dedo de frente, lo primero que pondrá frente al cliente será el formulario de autorización, previamente completado, y seguramente asociado a un poder amplio que le autorice a realizar con ella todos los extremos que se les ocurra.

Y ahí mismo se acabó el poder de decisión.

Los hechos, en principio, son simples: Pascual Pichún, Aniceto Norín y “Chepa” son acusados judicialmente de perpetrar ataques incendiarios y amenazar a los propietarios del fundo Nancahue, y el Ministerio Público pretende que un tribunal los procese y condene como culpables de infracciones a las leyes antiterroristas.

¿Cree usted que el juicio trató sobre eso?.

Pues no. Nada más comenzar el proceso judicial este se transforma en algo muy similar al célebre caso (y película) Sacco e Vanzetti: la efectividad y la prueba de los hechos no le importan a nadie, porque no es lo que realmente se está juzgando. Para la Fiscalía este es un proceso político con efectos ejemplarizadores y sus alegatos son una alabanza a la trilogía Dios – Patria – Ley, que tan buenos dividendos reporta de cuando en cuando al fascismo y que tan mal le hace al mundo.

Sobre las pruebas y las evidencias del proceso, nada o casi se nada se dice, salvo una referencia a cartas de amenazas y las declaraciones de testigos sin rostro.

Los acusados han caído en un laberinto judicial, con sus vueltas, recovecos y trampas, y aunque parece difícil que salgan de ahí con bien, finalmente lo logran: los tres jueces declaran que no hay pruebas que permitan acreditar la participación de los imputados en los delitos y, por ende, no hay méritos para condenarlos.

¿Final feliz?.

No. Tristemente nunca fue importante que encontrarán la salida del laberinto, porque en realidad siempre hemos tenido a los mapuches bajo una cúpula de cristal de la que no pueden escapar. Así, el Lonko Pascual Pichún termina en la cárcel por 5 años porque alguien con poder suficiente consiguió que se anulara el juicio y la carta de amenazas fuera considerada “carta terrorista”.

Pascual Pichún no podía ni debía ganar este juicio, ni ningún otro planteado en condiciones similares porque el Estado, en nuestro nombre y en el de la seguridad, se ha asegurado de que ello sea así.

Históricamente a los indígenas los hemos torturado, tratado como animales, marcado con hierros, alcoholizado y, cuando los hemos tenido lo suficientemente diezmados, los encerramos en tierras pequeñas y pobres para procurar que ellos y sus familias mueran en la miseria.

Y ojalá que mueran discretamente, porque tampoco se desean revueltas desagradables ni violencia de ningún tipo, pero si ella se produce ya hemos previsto el remedio: los meteremos en cintura invocando la ley y usando los largos brazos de la policía. No hay nada de que preocuparse porque el sistema político y jurídico esta diseñado para esto.

Entonces, es deber de los mapuches estar calmos y, si tienen demandas, les escucharemos civilizadamente en la CONADI, que es el Monopoly que les hemos inventado y donde pueden jugar a tener cuotas de poder.

Mientras tanto, deben esperar, pues el país tiene otras prioridades. ¿Cuanto tiempo?. Pues el que sea necesario.

Y en teoría el diseño funciona: la pobreza a lo que los hemos reducido debería tenerlos bajo una cúpula en que es difícil verlos, difícil escucharlos y donde nada relevante podrán hacer, porque carecen de los recursos necesarios para defenderse aun cuando la policía los este matando.

Y como no los vemos y no los escuchamos, podemos decir de ellos lo que queramos: que son pobres porque no trabajan, porque son alcohólicos, porque son feos, porque son hediondos, porque son violentos, porque son terroristas y porque no son verdaderos mapuches ni les representan, como les decía el Fiscal a cargo de los alegatos.

Y así lo repetiremos hasta el día en que cada niño mapuche sienta vergüenza de sus tradiciones, de su cultura, y de su identidad.

De hecho, esto último ya lo hemos logrado, por lo que podemos proclamar con orgullo que hemos dado un paso decisivo en el camino de su completa desaparición.

Este post lo escribí originalmente el 1 de diciembre de 2005, pero por una falla del server se perdió todo lo escrito al poco tiempo. Hoy, gracias a web.archive.org, he recuperado algunos de los textos, uno de los cuales reproduzco.

Hoy día ha sido un día infame.

Como en la Facultad de Derecho vamos a impartir un Seminario sobre regulación económica y los materiales del mismo no se le habían distribuido a algunos de los alumnos, fui a entregarlos personalmente al Estudio Jurídico Grasty, Quintana y etc., ubicado en el edificio de Enrique Foster Sur 20.

Jamás había sido tratado en forma tan denigrante.

Entro y, primero que nada, unos guardias me ordenan perentoriamente vaciar los bolsillos. Les pregunto si hay una embajada en el edificio o algo así, pero no me contestan y me repiten que vacíe los bolsillos.
Luego me pasan por un portal detector de metales y llego ante el mesón. Previamente me han quitado la carpeta con papeles para pasarlos por un scanner.

Error. Horror.

(Me estaba empezando a mosquear…).

Me piden entonces el carnet de identidad. Se lo quedan. Ingresan mis datos en un computador. Me preguntan de dónde vengo y a dónde voy. Les contesto.

Acto seguido sacan UNA CAMARA para fotografiarme y ahí me baja la indignación ya completa y me niego a que me saquen fotografías.

(Me pregunto, ¿cuándo van a detenerse?, ¿cuándo van a estimar que ya han reunido suficiente información sobre mí?, ¿qué es lo que viene después?, ¿harán que un perro me olisquee o me cachearán directamente?).

Me indican que como me he negado a fotografiarme, no puedo entrar al edificio.

Les pido llamar a la recepción del Estudio Jurídico para que bajen a buscar los papeles en cuestión. Me dicen que bueno, pero que yo NO PUEDO MOVERME DE AHI hasta que vengan a buscar los papeles, por razones de seguridad.

(¿Estallará el papel?, ¿lanzará esquirlas?).

Pasa un tiempo razonable. Nadie aparece. Les pregunto si pueden entregárselo a quienes vengan a buscarlo y me dicen que ellos no reciben ni entregan nada.

Pido mi carnet de identidad y replico: “El trato que se les da a las personas y sus protocolos de seguridad SON VEJATORIOS. Entréguenle los papeles al que venga a buscarlos o hagan con ellos lo que se les venga en gana, porque yo me voy”. Y me fui.

Luego voy a la CEPAL (organismo de las Naciones Unidas) a buscar un documento, me piden el carnet, me lo devuelven y paso.

Mientras voy en taxi, me llaman por teléfono desde la Facultad. Quedó la cagada en el edificio de Enrique Foster: me acusan de comportamiento impropio con los guardias. Dicen que les dije que tiraran los papeles a la basura y ellos, tan obedientes, así lo han hecho. Y que mi actitud desprestigiaba a la Universidad de Chile.

Resumiendo la última parte de la epopeya: piden disculpas y admiten que el trato es “algo” INDIGNO, pero que a mí nunca debió ocurrirme algo así, porque ese es un trato reservado a otras gentes, como AUXILIARES, ESTAFETAS y JUNIORS.

Y la respuesta me deja peor ¿tan INFAMES somos en este país como para conocer y tolerar algo así?. ¿Tan prepotente se puede ser con quienes son más débiles social y económicamente como para someterlos a estos abusos y atropellos?.

Y claro, en Chile no hay autoridades de protección de datos, ni defensor del pueblo, ni soluciones serias a la pobreza legal.

Art. 4 CPR: “Chile es una república democrática”… que forma de engañarnos a nosotros mismos.

Además de analfabetismo digital, nuestras autoridades sufren de pérdida de conciencia de la realidad y cierta desorganización neuropsicológica de las funciones ejecutivas, lo que las lleva a tener dificultades para mantener conductas dirigidas a metas, con una significativa disfunción social. Vamos, esquizofrenia.

Luego del escándalo suscitado días atrás por la desprotección en que se encuentran los derechos de las personas en relación a la compra, venta, uso y abusos de los datos personales por el Estado y los particulares, el gobierno señala que se haría cargo de la situación e incluso fue un tema abordado en un comité de ministros.

Y tres días después el gobierno hace justamente lo contrario: anuncia el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley (de discusión inmediata) que obliga a las casas comerciales a cederles sus bases de datos a la banca, para que estos últimos, y todos los que se relacionen con ellos, sepan cuanto dinero usas, cuando lo haces a través de créditos y en general, todo lo que han venido en llamar “deuda positiva”, esto es, deudas que pagas religiosamente, pero que son datos que les sirven porque revelan cuanto puedes pagar, cuanto debes, dónde realizas tus compras y, por ende, posibilitan el envío de esas simpáticas cartas y llamadas telefónicas con créditos (¡y seguros, y tarjetas de crédito, y “rebajas” en bencina, y etc.!) que no has pedido y ¡oh, coincidencia!, que se ajustan al dinero que debes y guardan proporción con el nivel de ingresos que tú no les has informado, además de otros muchos usos menos agradables todavía.

La doctrina jurídica nacional e internacional es uniforme, y así lo han dicho especialistas que se han trasladado expresamente a nuestro país para decirnos lo siguiente: si las personas no tienen mecanismos de protección eficaces contra el uso y abuso del tratamiento de datos, NO ES LEGÍTIMO Y CONTRARÍA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE CHILE la instauración de mecanismos de la especie señalada, pues lo único que hacen es garantizar… la plena vulneración de tus derechos fundamentales.

Anda despidiéndote de tu derecho a la salud, a la educación, a sindicalizarte, al acceso al crédito, a la intimidad y a todos los que veas en cualquier raído texto legal, pues todos ellos dejan de tener sentido frente a la nula protección de los datos personales.

Te discriminarán arbitrariamente en muchas partes y nunca sabrás porqué. No te contratarán en los trabajos, y no recibirás explicaciones. La Isapre rechazará afiliarte, y no sabrás en base a qué tomó la decisión.

Todo porque alguien invisible, sabe algo de tí. O pretende saberlo.

No sabes quién es, no sabes lo que conoce, ni puedes exigirle que corrija o elimine la información. Y ahora, sabrá también cómo te las arreglas para pagar tus cuentas, sin que nunca haya necesitado saber de ello.

Pero estarás en sus manos, gracias al gobierno de Chile.

Le tengo una solución fácil, sencilla y legal.

Todo lo que necesita es su carnet de identidad y concurrir a una oficina de inscripción electoral. Una vez allí, inscríbase en los registros o, si ya está inscrito, cámbiese de circunscripción electoral, que es gratis.

Cuando esté realizando el trámite, le consultarán sobre su profesión u oficio, y en ese momento mienta. Diga que es médico, que es ingeniero civil, ingeniero comercial, abogado, odontólogo u otra profesión a la que socialmente se le atribuyan altos ingresos.

No tenga miedo alguno, mentir no es un delito y el Servicio Electoral le pide esa información exclusivamente para darle valor a su propia base de datos, y luego venderla en el mercado.

No le preguntan su profesión u oficio para darle derecho a voto, pues todos tenemos los mayores de 18 años tenemos ese derecho. Tampoco le preguntan esa información para designarlo vocal de mesa, pues discriminar a las personas en las cargas públicas en razón de su profesión u oficio está prohibido. Tampoco preguntan para saber si usted sabe leer y escribir, porque si no preguntarían eso derechamente.

Lo hacen, como ya le dije, para aprovechar su información y canjear sus derechos ciudadanos por dinero contante y sonante.

Así que, aclarado ese punto, sigamos adelante.

Una vez concluido el trámite, en unos 30 o 60 días le llamarán de algunos bancos, como el Banco Santander.

Pedirán hablar con, por ejemplo, el ingeniero fulanito de tal (usted) y le ofrecerán cuenta corriente y tarjetas de crédito y otros productos que nunca les ha solicitado.

Y aquí empieza su pequeña mise en scène: muéstrese vagamente desinteresado para, finalmente, aceptar los productos del banco con algo de fingido desgano.

Cuando la ejecutiva que le llama crea que ya tiene cliente nuevo, le pedirá una copia de su carnet de identidad y le preguntará si allí figura su título profesional. Usted dígale que nunca ha hecho el trámite de registrar su título en el Registro Civil, asi que el carnet no dice nada.

Entonces le pedirán, ¡atención, este es el momento crítico!, que les envíe por cualquier medio una copia de su títulación, pero usted debe decir que no tiene ninguna copia a mano, que para obtener un certificado del título tendría que ir a la Universidad, pagar los derechos, esperar que le entreguen el documento, que lata, que horror, sabe que más no quiero ni la cuenta ni sus tarjetas y sería todo.

Ahí opera el milagro y, ante la perspectiva de perder un cliente, le dirán que bueno, que no importa, que ya les mandará Ud. sus antecedentes apenas pueda, y que una ejecutiva pasará mañana o pasado con los productos y los formularios para que usted los firme.

¡Et voilà!. Es usted uno más de los infelices cuentacorrentistas de nuestro país, sin cometer ningún ilícito y gracias a un infame sistema jurídico de (des)protección de los datos personales.

Si no ha entendido del todo lo que ha pasado, se lo explico en cámara lenta: el Servicio Electoral vendió ilegítimamente sus datos a la banca, contrariando todas las normas y principios internacionales sobre la materia, y la banca creyó en lo que decía el Servicio Electoral.

Luego, los bancos han tomado los datos, los han procesado, y seleccionaron a quienes tenían el perfil necesario para ser sus clientes y fueron a por usted, ofreciéndole lo que nunca les ha solicitado.

¿Maravilloso, no?.

Ha hecho funcionar la economía de mercado en su favor.

Pero no se ilusione ni entusiasme: la cuenta corriente y las tarjetas, más temprano que tarde, hay que pagarlas.

Pero la cara de palo del Servicio Electoral, no tiene precio.

El Registro Civil siempre ha tenido una preocupación importante por el resguardo de los datos y derechos de las personas, así que vale la pena hacer la aclaración.

En general, la entrevista en papel publicada el 13 de mayo reproduce lo que dije telefónicamente, aunque hay unos “corta y pega” hechos con hacha y aparecen mágicamente preguntas que en realidad no me formularon (edición periodística, creo que le llaman).

Así, por ejemplo, aparezco diciendo que el autor de la Ley 19.628 es José Antonio Viera Gallo, cuando en realidad dije que había sido promovida por él (el autor de la iniciativa es el Senador Cantuarias), y también contesto a la pregunta “¿Yo podría demandar al Registro Civil?”, que en realidad nunca me formularon en esos términos.

Para leer la entrevista, pueden presionar sobre la imagen de la derecha; la frase a pie de página que dice “podría ser peor” es sólo una desternillante coincidencia.

La razón de fondo: se habían enterado que era lesbiana y que mantenía una relación afectiva. Como consecuencia, la Corporación Municipal que administraba el colegio laico en que hacía clases la despidió, pues ahora carecía de la habilitación necesaria para realizar su labor.

La profesora pidió protección a la Corte de Apelaciones de San Miguel, que dictó sentencia validando la actuación de las autoridades eclesiásticas; luego la Corte Suprema confirmó los dichos de la Corte de Apelaciones sin agregar ni quitar una coma.

Circunstancialmente, hace un par de días conversé con uno de los juzgadores del caso en la Corte de Apelaciones, de quien oí el singular (y aberrante) razonamiento que subyace a la decisión.

J: ¿Escuchaste del caso de la profesora de religión que es lesbiana?. Llegó a la Corte y me tocó decidir.

YO: ¿Y como fallaste?.

J: Le denegamos el recurso. Ella era profesora de religión católica y sabía en que se estaba metiendo. Si hubiera sido profesora de otra cosa tal vez hubieramos acogido su recurso, ¡pero era de religión!.

YO: Pero J, la idoneidad para hacer una asignatura esta dada por los conocimientos que se tiene de la materia y la capacidad de transmitirlos, ¡no por con quién duerme al final del día!.

J: Así será, pero la doctrina católica siempre ha sido clara en excluir a los homosexuales. De hecho la Iglesia acompañó documentos de cuando Benedicto XVI era jefe de esa cosa como la Inquisición, y es absolutamente claro al respecto.

Nota mental: ¿Y eso que tendrá que ver?. Pudieron haber cosido una biblia completa al expediente y el valor jurídico de los documentos fundantes de la decisión siguen siendo cero.

YO: Pero J, han lanzado a una mujer después de 25 años de ser profesora a la puta calle, dejándola sin medios para ganarse la vida.

J: No es tan así. Averiguamos antes que ya la habían contratado para otra cosa. Además, la Iglesia es super clara y los profesores de religión tiene la obligación de hacer su vida de acuerdo a lo que enseñan.

YO: ¡Eso es inconstitucional!

J: (Se encoge de hombros). Nosotros supusimos que la Corte Suprema se lo iba a sacar de encima de alguna forma y eso fue lo que en definitiva sucedió.

No seguí hablando del tema, porque era inútil y ya me estaba asqueando.

Al entrar en la oficina de J vi un póster del Papa Juan Pablo II que ocupaba un cuarto de la pared y unas fotos de uno de sus hijos tomando los hábitos. J de libertad de conciencia no tenía nada, ¡y ni siquiera se inhabilitó para conocer del caso!. Tristemente, no creo que sea una situación excepcional.

Hablando después con un amigo, este me dijo acertadamente que desde ese punto de vista, si la Iglesia Católica dice un día que los indios no tienen alma (creo que eso ya lo dijo hace algunos siglos y mucho después los rehabilitó) todos los profesores de religión de ascendencia indígena se quedan automáticamente sin trabajo ¡y la Corte dirá que es ajustado a Derecho!.

Más llamativo es aún que la resolución de este caso es contradictoria con lo decidido recientemente con el ex Senador Lavandero (preso por abusos sexuales a menores de edad), quién recurrió a los tribunales luego de que una autoridad administrativa le denegara la libertad provisional sin justificación alguna. Porque le salió de los cojones denegársela, como dirían en España. Y finalmente la Corte Suprema declaró que la autoridad no podía actuar de forma injustificadamente arbitraria, concediéndole la libertad a Lavandero.

Y en el caso en comento, relacionar la idoneidad para impartir clases con la vida afectiva de la gente, claramente es una decisión injustificadamente arbitraria.

Situaciones similares, decisiones distintas.

Algo de razón tienen los anarquistas: hay bastantes cosas que quemar.