Se trata de un programa muy completo, con un buen diseño (NO ES un ciclo de conferencias), un fuerte componente práctico, con más de 108 horas de formación doctrinaria y jurídica (14 jornadas de clases) y que tiene un valor de $640 mil.

Además, a los estudiantes se les brindan herramientas que les permita evaluar soluciones metodológicas y tecnológicas de apoyo a la transparencia y el acceso, existiendo todo un curso para el desarrollo de estas destrezas y competencias.

La información correspondiente está publicada en http://www.cdt.ucentral.cl/

Se trata del Encuentro Interuniversitario de Derecho y Tecnologías y el Seminario Internacional sobre Transparencia y Protección de Datos. Análisis Crítico.

Ambas actividades de llevarán a efecto el viernes 15 de enero de 2010, a 2 días de las elecciones, en la Sala Multiuso de la sede de la Cámara de Diputados en Santiago de Chile (calle Compañía de Jesús 1131). Una será de mañana y otra de tarde, para que la gente pueda asistir a ambas si así lo desearen.

Los “Encuentros...” son los más tradicionales y masivos eventos de naturaleza académica sobre Derecho y Tecnologías, y esta es la cuarta versión que organizo desde que los inventé como… copia de los Encuentros de Informática y Derecho que realizaba el Prof. Davara, en Madrid.

A su vez, en torno al Seminario se han aglutinado temas relativos a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos en momentos críticos para el sistema de derechos, en que pretende construirse un Consejo de la Transparencia con diseño de Gran Hermano.

Se sucederán como expositores y panelistas destacados académicos y profesionales nacionales y extranjeros, entre otros y al azar, Íñigo de la Maza, Ahti Saarenpää, Salvador Millaleo, Laura Nahabetián, Federico Allendes, Lorena Donoso, etc. y abordarán temáticas que previsiblemente darán que hablar los próximos meses.

Como ya dije, se trata de eventos gratuitos y abiertos a público, y quienes deseen asistir sólo deben enviar los datos básicos como para identificarlos y generar los certificados de asistencia.

¡Nos vemos allá!.

Demás está decir que la idea del Gobierno español es absolutamente incompatible con la concepción de que el acceso a redes de comunicaciones electrónicas es un derecho fundamental (así lo ha reconocido ya Suiza y Finlandia) y que es un supuesto necesario del ejercicio efectivo de todos los demás derechos.

Tristemente en Chile, a propósito de la reforma de las normas sobre propiedad intelectual, también se están promoviendo iniciativas de este tipo desde las sociedades gestoras de derechos de autor en colusión con algunos Ministerios.

Reproduzco a continuación el Manifiesto, al que adhiero plenamente:

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Transcrito desde el sitio de la Asociación de Usuarios de Internet

Como el tema me pareció digno de interés, y también preocupante desde la óptica de derechos fundamentales, escribí lo siguiente:

Señor Director:

A propósito del reportaje del día domingo sobre venta de base de datos por el Servicio Electoral (SERVEL), creo conveniente hacer ciertas acotaciones de interés ciudadano:

1.            La ley orgánica del SERVEL señala únicamente que los libros llamados Registros Electorales son públicos, en consecuencia, las bases de datos que el Servicio Electoral construya con los datos personales contenidos en dichos Registros no tiene tal carácter, y le son aplicables las normas constitucionales sobre protección de la vida privada y las legales de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales.

2.            Por ende, si el SERVEL quiere construir y, más aún, generar productos y servicios utilizando la información contenida en los Registros Electorales, debe solicitar la autorización expresa de los ciudadanos, de la que evidentemente carece.

El hecho de que sean públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado no significa ni puede significar la abrogación de los derechos fundamentales de las personas, como el ya señalado de protección de la vida privada.

En ese sentido debe destacarse que los datos pertenecen a las personas y no al Estado, y estos han sido entregados con la exclusiva finalidad de hacer efectivo el derecho a voto, y no para que el SERVEL se constituya en factor de comercio.

3.            En la práctica el SERVEL desarrolla una actividad económica que le ha constituido en actor relevante del mercado de datos personales. Tal posibilidad no está contemplada en su ley orgánica, y como los órganos del  Estado sólo pueden hacer lo que una ley les autorice (de quórum calificado en este caso), forzoso es concluir que se trata de una actividad ilegal tolerada por la Administración del Estado.

Finalmente una versión light de esta carta, baja en calorías de furia, fue publicada en La Tercera del 15 de septiembre y otra de contenido similar en La Nación del 21 de septiembre, pero lo relevante es que la desprotección de nuestros derechos será tema de ésta y varias semanas.

LA CONSULTORIA
Al final del año 2002 la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue invitada a participar de una consultoría para remover uno de los talones de Aquiles de nuestra sistema democrático, como es hasta hoy la inexistente figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman), encargado de mediar entre los arbitrios de la administración pública y las necesidades de la ciudadanía, asegurando como pieza basal de la democracia moderna la efectiva protección de los derechos de las personas.

LOS CONTRATANTES
Quien encarga la consultoría era el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a impulso de la Comisión Presidencial para el Defensor Ciudadano (presidida por el entonces profesor Francisco Fernández Fredes), siendo la contraparte técnica la División de Organizaciones Sociales.

FORMULACION DE LA PROPUESTA
Rápidamente, junto a Lorena Donoso y Roberto Godoy (abogado externo), redactamos la propuesta técnica y la propuesta económica ($134.560.000) y le informamos al Decano Roberto Nahum que esta consultoría, por el cúmulo de actividades asociadas, no tenía utilidades dinerarias adicionales para la Facultad, pero que ya financiaba sueldos adicionales a los profesores por 6 meses, viajes dentro de Chile y el extranjero, sistemas de bases datos, libros nuevos para la Biblioteca y, como externalidad positiva, daba presencia a la Escuela en la vitrina pública por más de un año.

El Decano Nahum no tuvo reparos y suscribió la propuesta en todos sus términos.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
El trabajo era de suyo complejo, pues había que hacerlo todo: crear conciencia a nivel local y nacional de la necesidad de un Ombudsman, intentar influir en la ciudadanía respecto del tema, sensibilizar a los parlamentarios y burócratas de alto nivel, definir la estructura y facultades de la nueva institución, compatibilizar sus actuaciones con las atribuciones del Congreso Nacional y la Contraloría, insertar en el discurso y agenda pública las bondades del Defensor del Pueblo, generar un proyecto de ley y espacio en la agenda legislativa y, en su última etapa, acompañar el proyecto hasta su completo éxito.

PRODUCTOS COMPROMETIDOS
Para llevar adelante lo anterior, la Facultad de Derecho se comprometía a realizar encuentros regionales con actores sociales, reuniones con parlamentarios, seminarios con Defensores del Pueblo traídos de diversas partes del mundo, estudios de opinión a nivel nacional, investigaciones sectoriales (infancia, protección social, tecnologías, etc.), levantamiento de bases de datos y adquisición de bibliografía especializada, talleres con académicos de Derecho Público, focus groups, campañas de difusión vía Internet, y todo un largo detalle que ustedes pueden ver por si mismos tanto en la propuesta técnica (páginas 29 y 30) como en la propuesta económica.

En definitiva, debían realizarse decenas de actividades para llegar a entregar, como resultado de las anteriores, 16 productos concretos y diferentes relacionados con los objetivos de la propuesta.

ORGANIZACION DEL TRABAJO
Convocamos a los profesores de la Facultad para iniciar el trabajo, cada uno en su ámbito de especialización. Se juntaban semanalmente en  una mesa estilo Té Club Claudia Schmidt, Paulina Veloso, Augusto Quintana, José Zalaquett, Mario Ramírez Necochea, Tita Aranguiz, Lorena Donoso, Cecilia Medina, Dominique Hervé, Elina Mereminskaya, Gladys Camacho, Paula Silva Barroilhet (externo), Roberto Godoy (externo) y un largo etcétera que trabajaban por dar forma a los 16 productos específicos que habíamos prometido.

EL FIN DE LA MESA DE TRABAJO
Al año después y firmado el correspondiente contrato, el Decano Nahum se hace cargo de la consultoría reestructurando los procesos.

Dentro de ese contexto, desmantela la mesa de Té Club y designa a Alberto Cerda como coordinador, centralizando el proyecto en el Vicedecano Mohor y el prof. Rolando Pantoja.

A varios de los que habían estado trabajando no se les paga o se les paga de 150 a 500 mil pesos por sus papers.

La totalidad de los estudios de campo (encuestas, focus groups, estudios de opinión, etc.) no se realizan, y los 16 productos comprometidos van desapareciendo o refundiéndose unos a otros hasta quedar reducidos a un par de informes en que el principal es un escrito de una 36 páginas que consta de una especie de introducción y una propuesta de proyecto de ley.

¿Que pasó con todo lo demás?, ¿que pasó con el trabajo que iba a dar sustento al establecimiento del largamente ansiado Defensor del Pueblo en Chile?, ¿que pasó con las discusiones regionales, las actividades de difusión, la promoción y, en general, todo lo que justificaba que el Estado entregara $100.000.000 a la Facultad?

¿Y QUE DIJO NUESTRA CONTRAPARTE?

No se trata aquí de culpar a la Facultad de Derecho por toda la debacle, pues no estaba sola en esta travesía.

De hecho, había órganos de control claramente especificados.

La consultoría tenía una contraparte técnica, la División de Organizaciones Sociales, que era dirigida por Fuad Chahin Valenzuela, egresado de la Facultad y de quien durante todo ese periodo el propio Decano Nahum fue profesor guía de la tesis de grado (véase la página 20).

Y aunque recuerdo que las críticas de quienes estaban en el Gobierno respecto de como se estaba ejecutando esta consultoría eran feroces, en los hechos la División de Organizaciones Sociales aprobaba la drástica jibarización que se le iba haciendo de la consultoría, sin hacer mayores cuestionamientos y autorizando el pago respectivo.

Pero, ¿cómo pudo  suceder aquello?, ¿por qué el Gobierno abandona este proyecto emblemático a su triste suerte?, ¿porqué la contraparte técnica no exigió el cumplimiento de la propuesta aprobada en los términos del contrato?.

No lo sé.

La única inconsistencia que noté revisando el catálogo bibliográfico de las tesis de grado de la Universidad de Chile,  fue que como profesor guía de la tesis de Fuad Chahin figura… Lorena Donoso Abarca.

Consultada Lorena Donoso al respecto señala que efectivamente el profesor guía de Fuad Chahin era Roberto Nahum, y que a ella le transfirieron una tesis que ya estaba terminada. De hecho, la ficha de inscripción de la tesis original con el nombre de Roberto Nahum, que se encontraba en el Departamento de Derecho Procesal, fue destruida y reemplazada por otra, pues el Decano no quería que le relacionaran con Fuad Chahin.

EPILOGO
El resto es fácil de suponer: el año 2004, para desgracia de todos, cae muerta la idea de un Defensor del Pueblo para Chile a manos de quienes precisamente estaban encargados de promoverla.

Los informes que entregó la Facultad de Derecho, y que no tenía relación con la entidad y términos de la propuesta adjudicada, se archivaron en un cajón como supongo que le suceden a tantas otras cosas.

Y concluyó así una aventura financiada por el Estado de Chile y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) a un costo de $100 millones, de los cuales, según declara el Decano Nahum (en el minuto 37 de la grabación), alrededor de 30 millones se gastaron en honorarios y el resto fueron la “utilidad” de la Facultad de Derecho.

Pero si ustedes examinan los antecedentes, se darán cuenta que nunca estuvo contemplada utilidad alguna.

Se trata del libro “Chile y la Protección de Datos Personales. ¿Están en crisis nuestros derechos fundamentales?”, que coordinamos Raúl Arrieta Cortés y yo, y que tiene la particularidad de  que no fue escrito desde el punto de vista de lo que podríamos llamar doctrina jurídica pura, sino que en parte importante por actores relevantes que actualmente están realizando tratamiento de datos personales en nuestro país.

El libro fue presentado por José Roa, Director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y al cual recordaba como Ayudante de Derecho Romano, de Derecho Histórico o de algo igual de exótico.

En fin, el punto es que el libro ya está circulando, los contenidos son de calidad, la problemática que aborda es de triste actualidad y tiene la particularidad de que se trata de una de las pocas iniciativas en que confluyen una Universidad pública y otra privada, con una mirada de políticas públicas.

Si visitan el sitio de Expansiva UDP, pueden bajar la totalidad de los artículos que componen esta publicación.

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Título: CHILE Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: ¿ESTÁN EN CRISIS NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES?
Autores: Raúl Arrieta Cortés, Lorena Donoso Abarca, Luis Cordero Vega, Rodrigo Gutiérrez Castro, Claudio Ortiz, Mikel Uriarte Plazaola
Coordinadores: Raúl Arrieta Cortés, Carlos Reusser Monsálvez
Editorial: Ediciones Universidad Diego Portales
Lugar de edición: Santiago de Chile
Fecha de edición: 2009
Páginas: 99
ISBN: 978-956-314-064-4

Hasta el 30 de marzo yo trabajaba en un instituto universitario de Derecho y Tecnologías (el CEDI), que ayudé a refundar en 1998 y que al día de hoy goza de renombre en el continente y es conocido en Europa; cuenta con investigaciones en proyectos internacionales, integra redes colaborativas, publica periódicamente, nos visitaban académicos extranjeros, contaba con varios programas de postgrado y postítulo, poseía la colección bibliográfica especializada más completa de habla castellana, etc.

Pero en los últimos años toda la actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile comenzó a paralizarse, y como Centro no fuimos ajenos al fenómeno: nuestras solicitudes no eran contestadas, las audiencias eran denegadas, los proyectos eran detenidos indefinidamente, se desconocían acuerdos previos y se nos cortaba el acceso a líneas de financiamiento, todo ello con un Decano cada vez más ausente de los problemas académicos reales y enfocado sólo a la infraestructura.

Dentro de este contexto me llamó la atención lo irregular que era el que suponía un programa emblemático de la Facultad: el Doctorado en Derecho. Tras fracasar en mis intentos de obtener una audiencia, y en uso de mi libertad de expresión y del derecho a la crítica que suponía existente para cada universitario del país, publiqué en diciembre pasado un análisis de los problemas críticos del Doctorado en mi blog personal, y se lo participé a ciertos profesores cuya opinión me interesaba.

A mediados de enero de 2009, el Decano Roberto Nahum me llamó a su oficina con el casi exclusivo fin de, ciego de furia y sin oir ni atender razones, lanzarme una andanada de insultos y descalificaciones personales por casi dos horas (es una de sus pasiones), para luego amenazarme con el despido inmediato y pasarme ante el comité de ética de la Universidad de Chile, pues se sentía violentado en la dignidad de su cargo, y porque lo había dejado “en pelotas” frente a los del Doctorado (ni idea en que guerra estaba ni a qué se refería). De paso, me prohibió volver a escribir o, si lo hacía, me impuso la obligación de obtener su autorización.

Y yo, en una acción que me avergüenza acepté la renuncia a derechos tan elementales pensando en las cuentas que había que pagar a fin de mes, anteponiendo razones económicas a las de libertad y dignidad. Finalmente me renovaron el contrato hasta marzo, pero no por ello dejaron de estar bloqueados todos los proyectos del CEDI.

Y aquí lo curioso: a fines de marzo y a través de facebook un conocido académico y amigo de Ingeniería me comentó en tono de chanza, luego de haber ido a ver “El Hombre de la Mancha”, que el también tenía un sueño imposible: ser Rector de la “U” o Decano de Derecho. Y yo le repliqué que, como estaban las cosas, cualquiera de las dos opciones sería una mejora. No más de 48 horas después, el Decano Nahum gritoneaba a voz en cuello en un hall de la Facultad a la Directora del instituto, reprochándole mis dichos y recordándole que me había prohibido escribir. Como el Decano no es mi amiguito de facebook ni nada semejante, concluyo que me vigiló por interpósitas personas.

Ante la obstrucción permanente del Decano (el último bloqueo le costó a la Facultad el acceso a 270 millones para capacitar en transparencia) y el trato vejatorio recibido, la Directora del CEDI renunció arguyendo razones personales, cinco días después yo fui despedido y el instituto en la práctica ha sido desmembrado: los proyectos de investigación y desarrollo son exterminados, se aplazan y nos arrebatan los postítulos que gestionabamos, el Magíster que creé llega a su última versión (Nahum quería cerrarlo en el acto), a la ex Directora la atormentan 6 horas preguntándole por una cámara digital del año 1998 y el Decano nombra a su jefe de gabinete como Director, que sabe tanto del tema como yo de física cuántica. Y en el intertanto transmite a quien quiera oírle que se trata de un proceso normal, pacífico, nada de que espantarse, que lo mejor para todos es no hacer olitas ni preocuparse y que, además, me quiere como a un hijo.

En fin, tantas ideas y proyectos que se fueron por el alcantarillado, como el Magister en propiedad intelectual, el centro de biojuríca, el manual universitario de derecho informático para Chile y muchos otros, todo porque nuestro veleidoso Emperador NO TOLERA que le digan que está desnudo.

Porque está desnudo. Y porque no es Emperador.

El caso era el siguiente, explicado con sus palabras:

… en Inglaterra detuvieron a un joven que usó sin autorización la red Wi-Fi de su vecino. El dueño de la conexión tenía sospechas y lo denunció. La policía llegó a la casa del joven y lo interrogó por varias horas. Diez días después le enviaron una carta diciendo que no se tomarían acciones legales en su contra. El padre del muchacho dijo que haría un reclamo formal acusando a las autoridades de detención ilegal…

Y las preguntas estaban orientadas a sobre qué pasaría si una situación similar ocurría en nuestro país, si se cometía un delito o no, si era un “robo” y si se podían llevar detenido a alguien por esto, si era equivalente a “colgarse” del tendido eléctrico, etc.

Y la respuesta para mis escasos pero muy distinguidos e inteligentes lectores (salvo los que me llaman para insultarme) es la siguiente: en Chile no existe el delito de hurto de servicios de telecomunicaciones.

Por ende, si se detuviera por la policía a una persona bajo la acusación de usar una conexión a la que hipotéticamente no tiene derecho, caeríamos en una actuación ilegal de la autoridad pública, porque no hay figura penal que expresamente permita configurar como delito el hurto de Wi-Fi (o de Wimax o de la tecnología de comunicaciones que se les ocurra) y, por lo tanto, no hay sanciones ni responsabilidades legales.

Por supuesto, como todos ustedes saben, nadie está obligado a abrir o cerrar sus redes inalámbricas, y el tomar una u otra opción es un hecho totalmente voluntario coexistiendo una variada gama de estrategias que van desde los que tiene sus redes abiertas con miras a beneficiar con acceso a Internet a toda la humanidad, pasando por los que dan acceso a ella a cambio de una remuneración (la muy recomendable La Fonera, por ejemplo),  hasta llegar a los que no comparten absolutamente nada.

Y para los que tratan de ver hasta debajo del agua e imaginan que alguien se instala al lado fuera de su casa para bajar pornografía infantil a través de su red, hay que recordarles que aun cuando se cometiera un delito a través de, por ejemplo, una red Wi-Fi ajena, no por ello la responsabilidad deja de ser personal del o de los delincuentes y de ninguna manera puede trasladarse al titular de la red que no hubiere tenido participación en los hechos.

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Hoy he visto un espectáculo triste e indigno.

Un anciano profesor de mi Facultad, tratando de pasar desapercibido, caminaba lenta y trabajosamente, apoyándose en las paredes para no caer.

Si alguien se le acercaba apartaba con cautela la mano de la pared, sonreía y saludaba, para luego continuar su penosa marcha, cuando creía no ser visto.

Estuvo en eso mucho rato, y de cuando en cuando miraba con expresión desesperanzada hacia la puerta de la Facultad, como si estuviera aun muy lejos.

De pronto apareció un alumno suyo, quien le formula una pregunta sobre los contenidos de clases.

El docente le sonríe, y en un gesto de aparente confianza y cordialidad se aferra al hombro del estudiante y le dice que el también se va yendo, asi que mejor van conversando juntos hasta la salida.
Y sigue hablando con el estudiante con entusiasmo, pero sin soltarle el hombro en ningún momento.

El viejo profesor ha encontrado  a alguien en quien apoyarse, una especie de bastón o muleta, y junto a él traspasa el umbral hasta llegar a la calle.

Luego, da por finalizada la conversación y le hace un gesto a un taxi, al cual se lanza de cabeza para luego desaparecer entre el tránsito vehicular.

¿Por qué un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, maestro de generaciones de estudiantes (algunos de ellos Presidentes de la República, Ministros y altos dignatarios del Estado), ha llegado a este extremo tan frágil y penoso?.

Porque no puede jubilarse.

Porque su sueldo base es tan escuálido (otra cosa son las asignaciones especiales) que con lo que ahorró en el sistema previsional lo único que tiene garantizado es una sobrevivencia en condiciones miserables.

Entonces, arrastra consigo la tragedia de tener que hacer clases hasta el día que caiga muerto.

Poco importa si sus habilidades intelectuales y cognitivas se han deteriorado con el paso del tiempo o que el dolor le haga estremecerse cada vez que da un paso: tiene que impartir clases porque es la única forma de asegurarse un sueldo que, irónicamente, le permita sobrellevar su vejez.

Peor aún, la situación del profesor en comento no es para nada excepcional: hay todo un rango etario de académicos de la Universidad de Chile que se encuentra en la misma indigna posición.

Sería muy triste si al final de mis días, conociendo esta experiencia, la vida me encuentra en ese lugar.

Se señala en diarios que VTR es el primer ISP en América Latina en implementar este sistema, y ello es lógico: los demás proveedores de acceso pueden tener bastante más claro que las censuras son atentatorias a los derechos de información y a la libertad de la expresión y que, por ende, escapan con largueza a sus atribuciones.

Sólo a los tribunales de justicia les corresponde calificar la ilicitud de contenidos, conociendo de casos concretos y en virtud de norma expresa, y dictar las medidas que sean procedentes para su supresión, por lo que la autoridad administrativa no puede, y menos aun los particulares como la empresa VTR, arrogarse las atribuciones judiciales de restringir los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas.

Los que visitan páginas con contenidos ilícitos son personalmente responsables por ello; VTR no puede constituirse en garante de lo que ven o visitan sus usuarios, pues cuando las leyes quieren darle a alguien esa posición lo dicen expresa e inequívocamente, y este NO ES el caso, por lo que la decisión de este ISP contraría los derechos fundamentales de las personas.

No es difícil imaginar lo que viene: en nombre de la seguridad los proveedores de acceso a Internet impedirán el acceso a sitios sobre pueblos originarios, tan livianamente calificados como terroristas por la autoridad pública, o a los estudiantes secundarios por sediciosos, o a manifestantes por vulnerar el orden, etc.

No digo que VTR y el Ministerio del Interior en este caso no sean bien intencionados, pero de buenas intenciones, dice el saber popular, está empedrado el infierno.

Y también las libertades públicas en Chile.

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Fuentes consultadas el 3 de octubre de 2008:

- La Tercera

- La Segunda

- El Mercurio