Como muchos de ustedes sabrán El Juicio de Pascual Pichun es un documental de reciente aparición, de María Teresa Larraín, que aborda el conflicto por tierras suscitado entre un Lonko mapuche y su comunidad con un influyente latifundista y político chileno.
Los hechos, en principio, son simples: Pascual Pichún, Aniceto Norín y “Chepa” son acusados judicialmente de perpetrar ataques incendiarios y amenazar a los propietarios del fundo Nancahue, y el Ministerio Público pretende que un tribunal los procese y condene como culpables de infracciones a las leyes antiterroristas.
¿Cree usted que el juicio trató sobre eso?.
Pues no. Nada más comenzar el proceso judicial este se transforma en algo muy similar al célebre caso (y película) Sacco e Vanzetti: la efectividad y la prueba de los hechos no le importan a nadie, porque no es lo que realmente se está juzgando. Para la Fiscalía este es un proceso político con efectos ejemplarizadores y sus alegatos son una alabanza a la trilogía Dios – Patria – Ley, que tan buenos dividendos reporta de cuando en cuando al fascismo y que tan mal le hace al mundo.
Sobre las pruebas y las evidencias del proceso, nada o casi se nada se dice, salvo una referencia a cartas de amenazas y las declaraciones de testigos sin rostro.
Los acusados han caído en un laberinto judicial, con sus vueltas, recovecos y trampas, y aunque parece difícil que salgan de ahí con bien, finalmente lo logran: los tres jueces declaran que no hay pruebas que permitan acreditar la participación de los imputados en los delitos y, por ende, no hay méritos para condenarlos.
¿Final feliz?.
No. Tristemente nunca fue importante que encontrarán la salida del laberinto, porque en realidad siempre hemos tenido a los mapuches bajo una cúpula de cristal de la que no pueden escapar. Así, el Lonko Pascual Pichún termina en la cárcel por 5 años porque alguien con poder suficiente consiguió que se anulara el juicio y la carta de amenazas fuera considerada “carta terrorista”.
Pascual Pichún no podía ni debía ganar este juicio, ni ningún otro planteado en condiciones similares porque el Estado, en nuestro nombre y en el de la seguridad, se ha asegurado de que ello sea así.
Históricamente a los indígenas los hemos torturado, tratado como animales, marcado con hierros, alcoholizado y, cuando los hemos tenido lo suficientemente diezmados, los encerramos en tierras pequeñas y pobres para procurar que ellos y sus familias mueran en la miseria.
Y ojalá que mueran discretamente, porque tampoco se desean revueltas desagradables ni violencia de ningún tipo, pero si ella se produce ya hemos previsto el remedio: los meteremos en cintura invocando la ley y usando los largos brazos de la policía. No hay nada de que preocuparse porque el sistema político y jurídico esta diseñado para esto.
Entonces, es deber de los mapuches estar calmos y, si tienen demandas, les escucharemos civilizadamente en la CONADI, que es el Monopoly que les hemos inventado y donde pueden jugar a tener cuotas de poder.
Mientras tanto, deben esperar, pues el país tiene otras prioridades. ¿Cuanto tiempo?. Pues el que sea necesario.
Y en teoría el diseño funciona: la pobreza a lo que los hemos reducido debería tenerlos bajo una cúpula en que es difícil verlos, difícil escucharlos y donde nada relevante podrán hacer, porque carecen de los recursos necesarios para defenderse aun cuando la policía los este matando.
Y como no los vemos y no los escuchamos, podemos decir de ellos lo que queramos: que son pobres porque no trabajan, porque son alcohólicos, porque son feos, porque son hediondos, porque son violentos, porque son terroristas y porque no son verdaderos mapuches ni les representan, como les decía el Fiscal a cargo de los alegatos.
Y así lo repetiremos hasta el día en que cada niño mapuche sienta vergüenza de sus tradiciones, de su cultura, y de su identidad.
De hecho, esto último ya lo hemos logrado, por lo que podemos proclamar con orgullo que hemos dado un paso decisivo en el camino de su completa desaparición.
Este artículo, que encontré buscando información del Juicio de Pascal Pichón, fue escrito cuando él, Aniceto Norin y Patricia Troncoso hicieron una larga huelga de hambre, como presos políticos, para tratar de obtener un trato humano y aceptable para lo que era su encarcelamiento político. Este había sido amañado por un empresario influyente y que sabe aprovechar el sistema en su favor. Agustín Figueroa Yávar es abogado, miembro del Tribunal Constitucional, organismo último que le permite a los “dueños del país” y ultra derecha ganar siempre “por secretaría” en los litigios contra los excluidos de nuestro país. Hoy les pagan fortunas por tierras que usufructuaron y para las que se hicieron papeles que los mapuche no tenían. El papel aguanta mucho, dicen por ahí… Pero no olvidemos que hoy los Mapuche son un número diez veces superior al de 1825 –cuando se les prometió respetar sus tierras- pero sólo tienen un 6% de las tierras de esos años. Y su cultura, idioma, calidad de vida y sentido de pueblo y nación único han sido tomado por asalto por un Chile cuyos gobernantes han sido soberbios y atropelladores, apoyados en leyes que siempre han sido sesgadas contra ellos, como bien lo dice el articulista Reusser. Es decir, en Chile el estado consolida un Apartheid contra el pueblo Mapuche. Y sobre eso lo criminaliza, como denuncian las Naciones Unidas a Chile.
Desde entonces vemos que la violencia ha aumentado, que la “eliminada ley anti-terrorista” sigue vivita y coleando. Que a pesar de que el Embajador Carlos Droguett diga ante la ONU, en Ginebra, que no se usa en Chile y que no hay presos políticos en Chile, ésta es usada masivamente y que tanto el Ministro del Interior y su ayudante, manipulan la información, amenazan y mandan sus huestes que no trepidan en matar, herir a niños, mujeres, ancianos y seguir defendiendo su podrida versión del Estado de derecho… La versión que nos dejó Pinochet y que ellos tanto cuidan. Porque estado de derecho, por definición, implica el respeto de los derechos de todos los chilenos y no el abuso contra la mayoría en favor de unos pocos. La evidencia de esta violencia ya no la pueden esconder.
Chile está en transición, nos dicen… Seguro, pero es un transición regresiva, cada vez más represiva y retrógrada. Sin equidad y con leyes infames. Y junto con ello se festinan el país, destruyen el futuro y establecen la violencia para todos los que digan que este país no es ni el soñado ni el que estamos dispuestos a aceptar por ser un país sin equidad ni justicia.
El Chile actual, en que dos grupos se disputan alternarse para gozarlo mediante un sistema electoral fraudulento, debe cambiar. Requiere de un enfoque de decencia y de una Asamblea Constituyente que produzca una Constitución legítima y justa para todos. No una Constitución protegida, como le gustaba al dictador y ahora a sus seguidores de la asociación alianza-concertación. Y esa es la tarea urgente: defender los derechos humanos, buscar la justicia y darnos una Constitución decente, equilibrada, hecha por todos los chilenos y no por unos pocos designados del sistema. Sin Tribunales Constitucionales que aseguran que la inmoralidad sea norma. 20 años ha sido demasiado. ¡Basta ya!
Agradezco sus comentarios, Dr. Venturelli, y coincido con Ud. en la casi totalidad de sus planteamientos.