Lo que les voy a contar a continuación es en cierta medida una historia muy triste para el desarrollo de la democracia en Chile, pero por lo reveladora que resulta, algunos estudiantes me han pedido que se las relate.
LA CONSULTORIA
Al final del año 2002 la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue invitada a participar de una consultoría para remover uno de los talones de Aquiles de nuestra sistema democrático, como es hasta hoy la inexistente figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman), encargado de mediar entre los arbitrios de la administración pública y las necesidades de la ciudadanía, asegurando como pieza basal de la democracia moderna la efectiva protección de los derechos de las personas.
LOS CONTRATANTES
Quien encarga la consultoría era el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a impulso de la Comisión Presidencial para el Defensor Ciudadano (presidida por el entonces profesor Francisco Fernández Fredes), siendo la contraparte técnica la División de Organizaciones Sociales.
FORMULACION DE LA PROPUESTA
Rápidamente, junto a Lorena Donoso y Roberto Godoy (abogado externo), redactamos la propuesta técnica y la propuesta económica ($134.560.000) y le informamos al Decano Roberto Nahum que esta consultoría, por el cúmulo de actividades asociadas, no tenía utilidades dinerarias adicionales para la Facultad, pero que ya financiaba sueldos adicionales a los profesores por 6 meses, viajes dentro de Chile y el extranjero, sistemas de bases datos, libros nuevos para la Biblioteca y, como externalidad positiva, daba presencia a la Escuela en la vitrina pública por más de un año.
El Decano Nahum no tuvo reparos y suscribió la propuesta en todos sus términos.
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
El trabajo era de suyo complejo, pues había que hacerlo todo: crear conciencia a nivel local y nacional de la necesidad de un Ombudsman, intentar influir en la ciudadanía respecto del tema, sensibilizar a los parlamentarios y burócratas de alto nivel, definir la estructura y facultades de la nueva institución, compatibilizar sus actuaciones con las atribuciones del Congreso Nacional y la Contraloría, insertar en el discurso y agenda pública las bondades del Defensor del Pueblo, generar un proyecto de ley y espacio en la agenda legislativa y, en su última etapa, acompañar el proyecto hasta su completo éxito.
PRODUCTOS COMPROMETIDOS
Para llevar adelante lo anterior, la Facultad de Derecho se comprometía a realizar encuentros regionales con actores sociales, reuniones con parlamentarios, seminarios con Defensores del Pueblo traídos de diversas partes del mundo, estudios de opinión a nivel nacional, investigaciones sectoriales (infancia, protección social, tecnologías, etc.), levantamiento de bases de datos y adquisición de bibliografía especializada, talleres con académicos de Derecho Público, focus groups, campañas de difusión vía Internet, y todo un largo detalle que ustedes pueden ver por si mismos tanto en la propuesta técnica (páginas 29 y 30) como en la propuesta económica.
En definitiva, debían realizarse decenas de actividades para llegar a entregar, como resultado de las anteriores, 16 productos concretos y diferentes relacionados con los objetivos de la propuesta.
ORGANIZACION DEL TRABAJO
Convocamos a los profesores de la Facultad para iniciar el trabajo, cada uno en su ámbito de especialización. Se juntaban semanalmente en una mesa estilo Té Club Claudia Schmidt, Paulina Veloso, Augusto Quintana, José Zalaquett, Mario Ramírez Necochea, Tita Aranguiz, Lorena Donoso, Cecilia Medina, Dominique Hervé, Elina Mereminskaya, Gladys Camacho, Paula Silva Barroilhet (externo), Roberto Godoy (externo) y un largo etcétera que trabajaban por dar forma a los 16 productos específicos que habíamos prometido.
EL FIN DE LA MESA DE TRABAJO
Al año después y firmado el correspondiente contrato, el Decano Nahum se hace cargo de la consultoría reestructurando los procesos.
Dentro de ese contexto, desmantela la mesa de Té Club y designa a Alberto Cerda como coordinador, centralizando el proyecto en el Vicedecano Mohor y el prof. Rolando Pantoja.
A varios de los que habían estado trabajando no se les paga o se les paga de 150 a 500 mil pesos por sus papers.
La totalidad de los estudios de campo (encuestas, focus groups, estudios de opinión, etc.) no se realizan, y los 16 productos comprometidos van desapareciendo o refundiéndose unos a otros hasta quedar reducidos a un par de informes en que el principal es un escrito de una 36 páginas que consta de una especie de introducción y una propuesta de proyecto de ley.
¿Que pasó con todo lo demás?, ¿que pasó con el trabajo que iba a dar sustento al establecimiento del largamente ansiado Defensor del Pueblo en Chile?, ¿que pasó con las discusiones regionales, las actividades de difusión, la promoción y, en general, todo lo que justificaba que el Estado entregara $100.000.000 a la Facultad?
¿Y QUE DIJO NUESTRA CONTRAPARTE?
No se trata aquí de culpar a la Facultad de Derecho por toda la debacle, pues no estaba sola en esta travesía.
De hecho, había órganos de control claramente especificados.
La consultoría tenía una contraparte técnica, la División de Organizaciones Sociales, que era dirigida por Fuad Chahin Valenzuela, egresado de la Facultad y de quien durante todo ese periodo el propio Decano Nahum fue profesor guía de la tesis de grado (véase la página 20).
Y aunque recuerdo que las críticas de quienes estaban en el Gobierno respecto de como se estaba ejecutando esta consultoría eran feroces, en los hechos la División de Organizaciones Sociales aprobaba la drástica jibarización que se le iba haciendo de la consultoría, sin hacer mayores cuestionamientos y autorizando el pago respectivo.
Pero, ¿cómo pudo suceder aquello?, ¿por qué el Gobierno abandona este proyecto emblemático a su triste suerte?, ¿porqué la contraparte técnica no exigió el cumplimiento de la propuesta aprobada en los términos del contrato?.
No lo sé.
La única inconsistencia que noté revisando el catálogo bibliográfico de las tesis de grado de la Universidad de Chile, fue que como profesor guía de la tesis de Fuad Chahin figura… Lorena Donoso Abarca.
Consultada Lorena Donoso al respecto señala que efectivamente el profesor guía de Fuad Chahin era Roberto Nahum, y que a ella le transfirieron una tesis que ya estaba terminada. De hecho, la ficha de inscripción de la tesis original con el nombre de Roberto Nahum, que se encontraba en el Departamento de Derecho Procesal, fue destruida y reemplazada por otra, pues el Decano no quería que le relacionaran con Fuad Chahin.
EPILOGO
El resto es fácil de suponer: el año 2004, para desgracia de todos, cae muerta la idea de un Defensor del Pueblo para Chile a manos de quienes precisamente estaban encargados de promoverla.
Los informes que entregó la Facultad de Derecho, y que no tenía relación con la entidad y términos de la propuesta adjudicada, se archivaron en un cajón como supongo que le suceden a tantas otras cosas.
Y concluyó así una aventura financiada por el Estado de Chile y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) a un costo de $100 millones, de los cuales, según declara el Decano Nahum (en el minuto 37 de la grabación), alrededor de 30 millones se gastaron en honorarios y el resto fueron la “utilidad” de la Facultad de Derecho.
Pero si ustedes examinan los antecedentes, se darán cuenta que nunca estuvo contemplada utilidad alguna.
